Necesarios cambios en la profesión legal por autorregulación según propuesta de la Facultad de Derecho PUCP y CAD

Publicado en Jurídica N° 327, de 2 de noviembre de 2010.

Francisco José
DEL SOLAR ROJAS
Abogado por la PUCP y la U. Central de Venezuela
Postgrados en Derecho, Historia y Ciencias de la Comunicación.
Gerente legal (e) de Editora Perú y editor de Jurídica.
Profesor de Derecho en la UIGV

La Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) representada por su decano Walter Albán Peralta y Ciudadanos al Día (CAD) con su directora Beatriz Boza Dibós, presentaron tres publicaciones fundamentales en el campo de la ética, valores y principios que todos los abogados debemos respetar, cuidar e imponer, sea cual fuere nuestra función. Ello, se debe dar en un estricto marco de autorregulación con la finalidad de elevar y mantener los estándares éticos de la abogacía en este mundo de modernidad y globalización.
Las obras, en mención, son: 1. Consulta pública: propuesta de normas de conducta y responsabilidad del profesional del derecho. Resultado de la Consulta Pública de los abogados Beatriz Boza Dibós y Christian Chocano Davis; 2. La misión del abogado: Ética y responsabilidad profesional del abogado a cargo de Themis, institución formada en el año 1965 por alumnos de la Facultad de Derecho de la PUCP, cuya edición general fue de Beatriz Boza; y, 3. Graduación de sanciones: Ética y responsabilidad social del abogado elaborado por Ius et veritas, asociación civil sin fines de lucro integrada por alumnos de Derecho-PUCP.

UN HITO HISTÓRICO
En términos generales podemos señalar que estas obras, en conjunto, constituyen un gran avance en el difícil, complejo y hasta abstracto tema de la ética, y, en este sentido, marcan, sin duda alguna, un hito histórico sin precedentes debido al esfuerzo, a la dedicación, constancia y consenso logrado en su elaboración y presentación.
En efecto, este extraordinario resultado comenzó hace cuatro años atrás, a mediados de 2004, cuando Beatriz Boza Dibós, coordinadora del curso “Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado”, de la Facultad de Derecho de la PUCP, impulsó la formación del “Grupo de Estudio sobre Responsabilidad Social del Abogado”, con los mejores alumnos de la asignatura.
Pues bien, en palabras de la docente: “Ellos sesionaban semanalmente con la finalidad de actualizar los materiales de enseñanza, elaborar nuevos casos de estudio, diseñar estrategias de educación en valores, entre otros, profundizando en el análisis del Código de Ética vigente –para entonces–, especialmente, desde una perspectiva de derecho comparado. Así, en el año 2006, en el Grupo de Estudios elaboramos un primer “Borrador de Anteproyecto de Código de Ética del Abogado” (con 120 artículos, en 17 títulos), que luego presentamos a veinte (20) catedráticos de Derecho de distintas disciplinas para su revisión y crítica. Ellos, a su vez, convocaron a grupos de trabajo multidisciplinarios para revisar cada una de las secciones.” Qué duda cabe, que este fue un arduo y sacrificado trabajo con una duración de dos años, esto es, de 2004 a 2006.

SIGUIÓ EL GRAN AVANCE
Con los resultados obtenidos en este gran laboratorio de investigación y formulación de propuestas de profesores y alumnos, en el año 2007, mes de noviembre, el Grupo de Estudios produjo un segundo texto, que, evidentemente, fue más elaborado, perfeccionado y sistemático. Beatriz Boza, nos dice que, “entre otras innovaciones, incluía trece definiciones y agrupaba el contenido en siete títulos, con 110 artículos, dándose a conocer bajo el nombre de “Anteproyecto de Código de Responsabilidad Profesional del Abogado”. Inmediatamente –agrega la destacada profesora– procedimos a su discusión con un círculo más amplio de abogados. Así, en el verano de 2008, con la colaboración de la mayoría de los principales estudios de abogados de la capital se llevaron a cabo una serie de desayunos de trabajo con socios y abogados de empresas de distintos sectores.”
Ahora bien, con los resultados de estos valiosos intercambios se enriqueció notablemente los aportes trabajados desde su origen (2006) por el Grupo de Estudios, conformado, además de Boza Dibós, por Diego Asmat, Luis Bustamante, Christian Chocano, Mariela Houghton, José Carlos Llerena, Ana piñeiro, Vladimir Popov,Renato Sarzo y Carolina Torres.
Fue, entonces, cuando se vio la necesidad de efectuar una tercera revisión integral del texto ampliando las bases de consulta, investigación, información y experiencias profesionales en el duro y complejo ejercicio de la abogacía. Para ello –nos refiere la coordinadora del curso de Ética– se contó con el invalorable y desinteresado concurso de cinco (5) asociaciones de estudiantes de Derecho, como Themis, Ius et Veritas, Círculo de Derecho Administrativo, Foro Académico y Ius Inter Gentes. El avance fue extraordinario, en cuanto se elaboró una riquísima exposición de motivos de 352 páginas, la cual se presentó en junio de 2008, como “Proyecto de Código de Ética y Responsabilidad del Profesional en Derecho”, con 121 artículos en siete (7) títulos.

UNA REVISIÓN MÁS
Con ánimo de lograr mayor difusión y más consenso sobre esta tercera versión, el Proyecto de Código …, se sometió a consulta pública en noviembre de 2008, en un acto solemne en el que participaron el rector de la PUCP, la defensora del Pueblo, el presidente del Poder Judicial, la jefa de la OCMA y otras distinguidas autoridades, asimismo, destacados abogados representantes de los más importantes estudios de la abogacía limeña, gerentes legales de empresas tanto del sector privado como público.
Sobre el particular Boza Dibós, apunta. “Desde esa fecha llevamos a cabo 37 reuniones de discusión y revisión del contenido del mismo a nivel de decanos de las Facultades de Derecho de Lima, y también decanos de las facultades de Derecho de la Red Peruana de Universidades, así como profesores de Derecho de la PUCP y abogados que integran gerencias jurídicas de empresas.”
Empero, agrega algo más: “Paralelamente, convocados por Julia María Morales Valentín, nos reunimos todos los miércoles por la mañana desde octubre de 2008 hasta fines de 2009, con un grupo de gerentes jurídicos de importantes empresas y organizaciones públicas para intercambiar ideas acerca de las implicancias prácticas y adecuaciones necesarias para la propuesta” (…) “Los valiosos intercambios con Eduardo Schmidt S.J. nos permitieron darle un enfoque más profundo a esta propuesta, especialmente en lo referido al proceso de internalización por parte de los abogados y organizaciones profesionales. Su aporte ha sido decisivo y nos plantea todo un desafío”.
Los decanos de las Facultades de Derecho de Lima y de la Red Peruana de Universidades que participaron en el proceso de consulta , a invitación del decano de la Facultad de Derecho de la PUCP, Walter Albán Peralta, fueron: José Castillo Román de la U. N. de Cajamarca; Manuel Castillo Venegas de la U. N. de Piura; Mariano Castro Sánchez-Moreno de la U. Científica del Sur (Lima); Dante Cervantes Anaya de la U. N. de San Agustín (Arequipa); Víctor García Toma de la U. de Lima (Lima); Alberto Navas Torres de la U. N. de la Amazonía Peruana (Iquitos); José Antonio Ñique De la Punte de la UNMSM (Lima); Jorge Polo y La Borda González de la U. N. de San Antonio Abad del Cusco (Cusco); Daniel Quispe Pérez de la U. N. de San Cristóbal de Huamanga (Ayacucho); Jesús Antonio Rivera Oré de la U. Inca Garcilaso de la Vega (Lima); Lilian Rocca Carbajal de la U. San Ignacio de Loyola (Lima); Teódulo Santos Cruz de la U. N. de Trujillo; Miriam Schenone de la U. San Juan Bautista (Lima); Gastón Soto Vallenas de la U. Tecnológica del Perú (Lima); Luis Vargas Fernández de la U. Católica de Santa María, Arequipa; Marjorie Mellet (representante del decano) de la U. del Pacífico (Lima).

CUARTA Y ÚLTIMA REVISIÓN
Finalmente, Beatriz Boza, afirma, contundentemente: “Las distintas inquietudes, críticas y sugerencias de revisión recibidas fueron procesadas a través de una cuarta revisión integral que concluyó el 30 de junio de 2009, con la presente “Propuesta de Normas de Conducta y Responsabilidad del Profesional en Derecho” (142 artículos, en 7 títulos y con una exposición de motivos de 196 pp.). Asimismo, sistematizamos los resultados de la consulta pública en un documento explicativo de casi 200 páginas (http://www.pucp.edu.pe/facultad/derecho).”
Por último, señala que: “La transformación que ha ido experimentando la propuesta se manifiesta no solo en la variación de su contenido sino también en su ámbito de aplicación, concebida en el mundo académico fue mudándose al ámbito profesional y hoy aspira a un desarrollo mayor que refuerce la vida de la profesión” (…) “En esta travesía hemos contado en todo momento con el decidido apoyo del decano de la Facultad de Derecho de la PUCP y de los jóvenes que me acompañan en el Grupo de Estudio. Hemos contado además con el auspicio del World Justice Project de la American Bar Association. El apoyo de todos los que han participado se convierte en esta entrega en una palanca para imaginarnos un ejercicio profesional diferente.”
En verdad, hay que reconocer que esta tarea ha sido titánica y quisiéramos mencionar a todos quienes han participado activamente en ella durante los cuatros años de arduo trabajo. Empero, por razones de espacio, ello resulta casi imposible. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar al Grupo de Estudio sobre Responsabilidad Profesional que actuó como secretaría del Proyecto durante 2009, el cual estuvo conformado por Beatriz Boza, Juan Luis Balarezo, Francisco Baldeón, Luis Bustamante, Christian Chocano, Alberto de Belaunde, Fernando del Mastro, Marielena Houghton, José Carlos Llerena, Francisco Miranda y José Saldaña.

LA PROPUESTA
Este primer libro cuya autoría corresponde a Boza y a Chocano, tiene 339 pp. Está divido en tres partes. La primera corresponde a la introducción y contiene la presentación a cargo del reconocido jurista y maestro universitario, Walter Albán Peralta, decano de la Facultad de Derecho de la PUCP. Dicho sea de paso, recordemos que él realizó una extraordinario labor cuando estuvo al frente de la Defensoría del Pueblo. Con esa misma sapiencia, capacidad de trabajo, búsqueda de la eficiencia y eficacia, promotor del diálogo y amigo de los consensos dirige hoy con gran acierto esta facultad que es la cuna de muchas generaciones de grandes juristas, profesores de derecho y abogados, en general.
Asimismo, un comentario bajo el título de “Compromiso del sector privado” de Julia María Morales. Una reseña histórica del “Proceso de Consulta Pública” de Beatriz boza. Por último, las relaciones de la “Participación en el proceso de consulta”.
En este orden de ideas, Albán, nos dice: “Afirmar en nuestra sociedad un ejercicio ético de la abogacía, es parte del compromiso que nos une a las Facultades de Derecho que conformamos la Red Peruana de Universidades de distintas ciudades del país. Fruto de ese compromiso y esfuerzo compartido, con las universidades de la Red, hemos elaborado esta Propuesta de Normas de Conducta y Responsabilidad del Profesional en Derecho, que ahora tengo el agrado de presentar.”
“El contenido de esta propuesta es fruto de un proceso de revisión, discusión y consulta nacional acerca de las reglas que deben regir la conducta profesional del abogado, iniciativa liderada por la profesora Beatriz Boza, coordinadora del curso Ética y Responsabilidad Profesional del Abogado, que busca trascender el claustro universitario para involucrar a colegios de abogados, tribunales administrativos y arbitrales, cortes judiciales entre otros actores sociales”.
En este contexto, agrega: “Quedan por delante grandes retos: evaluar las estrategias existentes para la transformación del criterio ético en los estudiantes, profundizar la transversalidad curricular y extracurricular de la formación en valores, promover espacios de reflexión en torno a la conducta profesional del abogado, así como generar consenso en torno a la conveniencia de implementar mecanismos de autorregulación en el ejercicio de la profesión de abogado. Hacia esos objetivos estarán dirigidos nuestros esfuerzos en adelante…, y anhelamos poder contribuir con un ejercicio responsable del derecho.”
Por su parte, la profesora de Derecho de la PUCP, Julia María Morales Valentín, quien, a su vez, desempeña el alto cargo en el sector privado, de secretaria general del Grupo Telefónica, aborda con gran transparencia y sinceridad la preocupación y el compromiso del sector privado de la necesidad de contar con los servicios profesionales de abogados con un desempeño ético, tanto en su vida personal como en el ejercicio de la abogacía, en un franco compromiso de autorregulación en materia ética y responsabilidad profesional en derecho. Esto, afirma Morales –como buena conocedora de la actividad privada– es una manifestación tangible del “Buen Gobierno Corporativo”, en el que nosotros creemos y que nuestras empresas e instituciones practican, ya que el derecho es, sin lugar a dudas, un vehículo para la ejecución del fenómeno económico.
De otro lado, la reseña histórica de este singular y vital proceso de consulta es desarrollada por la factotum de esta iniciativa, Beatriz Boza Dibós, al decir de Albán Peralta. Reseña que hemos recogido en los inicios de este comentario. Luego aparecen las relaciones de todos los que han participado en este largo proceso de consulta.
La segunda parte contiene la Propuesta de Normas de Conducta y Reponsabilidad del Profesional en Derecho (2009), con 142 artículos, en siete (7) títulos, 18 capítulos, con 19 definiciones, en un total de 29 páginas y con una exposición de motivos en 196 pp.
Como toda obra seria cumple con los estándares de exigencia científica y presenta un “Glosario de Términos” para entender mejor el texto mismo de la propuesta. Es digno de resaltar que no ha caído en la debilidad común de muchos abogados de incidir en la polisemia o multivocidad, complicando una idónea interpretación sintáctica, semántica y contextual. Hay ausencia de metábasis o lagunas normativas y una adecuada aplicación del método deductivo o lógico. Esto, sin duda, le otorga a la Propuesta un especial valor como “normas de conducta” y como producción de hermenéutica jurídica.
Siguiendo el contenido normativo encontramos los “Principios generales” donde se aborda la “Misión del abogado y la abogacía” y los “Deberes y prohibiciones generales”. En el Título III se ve “La relación con el cliente”. En el IV: “Relaciones con las autoridades”. En el V: “Las relaciones con otros colegas y con terceros”: En el VI: “responsabilidad del abogado”. En el VII: Promoción y disciplina.
La tercera parte divida en siete capítulos presenta el “resultado de la Consulta Pública: Análisis y Justificación”, que, justamente, desarrollan los abogados Boza y Chocano.

MISIÓN DEL ABOGADO
Es la segunda obra con 114 pp. Estuvo a cargo de los alumnos de derecho de la PUCP, integrantes de Themis. Reconocida institución creada en 1965 con el principal objetivo de difundir la cultura jurídica del país, que sin duda, va mucho más allá de la doctrina jurídica, habida cuenta la cultura jurídica hace referencia a un concepto más general.
La obra está dividida en una presentación, en el planteo de los aspectos metodológicos y en las respuestas a nueve preguntas que buscan abarcar los principales temas en torno a la misión del abogado que el equipo de Themis formula a 16 juristas, jueces, profesores y destacados abogados. Entre las principales interrogantes se encuentran: ¿A quién podemos llamar abogado? ¿Quién ejerce la profesión?. ¿Son aplicables las Normas de Conducta a todo abogado, no importa el ámbito o función profesional que desempeñe (por ejemplo: periodista o congresista)? ¿A quién considera que se debe el abogado? ¡Debe darle mayor prioridad a su cliente, a la justicia o al estado Constitucional de Derecho? ¿Está de acuerdo con la posición adoptada por la Propuesta en su artículo 1? ¿Cómo cree que su trabajo cotidiano concreta la misión de la profesión? ¡Es la responsabilidad social parte de la misión del abogado? ¿Considera, por ejemplo, que el trabajo pro bono debiera ser obligatorio?, etc.
A todo ello debemos agregar dos preguntas de suma importancia relacionadas con la Constitución del Estado Constitucional de Derecho: ¿Debe el abogado defender y luchar por el Estado Constitucional de Derecho? ¡por los principios fundamentales de la justicia, de la libertad?, etc.
Los entrevistados fueron: Reynaldo Bustamante Alarcón; Jimena Cayo Rivera Schereiber; Giancarlo Celis Noriega; Juan carlos Cortés Carcelén; Javier de Belaunde López de Romaña, Eloy Espinoza-Saldaña Barrera; Huáscar escurra Rivero; César Luna-Victoria León; Julia María Morales Valentín; Manuel Monteagudo Valdez; Giovanni Priori Pozada; Carlos Rivera Paz; Jimena Sánchez Velarde; Martín Sotero Garzón; Mayen Ugarte Vásquez-Solís; Gonzalo Zegarra Mulanovich.
Adicionalmente, Themis realizó una encuesta sobre estos temas a 50 abogados contratados o asociados a un grupo de los principales estudios de Lima.

GRADUACIÓN DE SANCIONES
Registra 355 pp. Estuvo a cargo de los integrantes de la asociación civil Ius et Veritas, constituida en 1990 con la finalidad de impulsar y contribuir con el debate intelectual y promover espacios de discusión sobre las diversas ramas del derecho. La obra está divida en 5 capítulos. El primero trata sobre la “Relación con el cliente” y se plasma en siete interesantes artículos. El segundo, aborda las “Relaciones con las autoridades” en dos sugestivos artículos. El tercero desarrolla “Las relaciones con otros colegas y con terceros” en un sesudo artículo. El cuarto ve la “Responsabilidad del abogado”, también, en un artículo muy preciso. Finalmente, el quinto está dedicado a la “Promoción y disciplina”, de manera muy concreta en un solo artículo.
Finalmente se cuenta con un índice detallado de estos valiosos aportes escritos por los más destacados estudiantes de derecho de la PUCP, y que lamentablemente, por falta de espacio, no hemos podido mencionar a cada uno de ellos con su artículo correspondiente.
Solo nos queda felicitar muy sinceramente a todos quienes han hecho posible este gran aporte para el engrandecimiento y reconocimiento de especial valía al ejercicio responsable y ético de nuestra amada profesión.